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Cesión de Datos: El Tribunal de Cuentas

Otra de las figuras reconocidas en el artículo 11.d LOPD (Cesión de Datos) es el Tribunal de Cuentas o sus instituciones autonómicas análogas.

¿Puede el Tribunal de Cuentas solicitar datos de salud a un centro sanitario?

No parece razonable que las funciones encomendadas al Tribunal de Cuentas le autoricen al tratamiento de datos de salud, como tampoco parece probable que el Tribunal de Cuentas solicite datos más allá de los necesarios para fines contables o de control financiero a un centro sanitario.

En todo caso, en el supuesto de una petición de datos de salud por parte de este tribunal, los datos deberían entregarse disociados, segragando los datos de carácter asistencial de los datos de carácter personal.

Recordemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no pueden realizar peticiones masivas de datos. En el caso del Tribunal de cuentas sucede lo contrario. Debería denegarse cualquier petición “particular” de datos. De lo contrario, de nada serviría la disociación de datos pues el afectado, aunque sus datos estuvieran disociados, estaría perfectamente identificado por el Tribunal de Cuentas.

Cesión de Datos de Salud: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Una de las situaciones algo estresantes y por que no decirlo, también algo desagradables es aquella en que se presentan un par de funcionarios de la policía (de cualquier cuerpo) en la Asesoría Jurídica del Centro solicitando documentos o datos de salud de un paciente determinado.

Cuando los agentes llegan a la puerta de la Asesoría Jurídica andan ya algo “moscas”, pues han realizado un peregrinaje de un funcionario a otro desde el servicio de admisión, al servicio de atención al ciudadano, al director medico….. Así que cuando se presentan en el último escalón, no andan ya muy dispuestos a pasearse más. Resultado. “Venimos a por la Historia de Fulanito de Copas. Ya!” Y no hay que olvidar que son agentes de al autoridad. Veamos cuales son los supuestos que pueden plantearse.

La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos qeu resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad. (art. 22 LOPD).

La cesión de datos a las fuerzas y cuerpos de seguridad se pueden realizar con dos finalidades:

  • Funciones relativas al cumplimiento de las actuaciones ordenadas por la Actividad Judicial.
  • Funciones dirigidas a la averiguación de actuaciones, que se llaverán a cabo con carácter previo a la iniciación del correspondiente proceso penal, siendo la finalidad de éstas últimas, precisamente, la determinación de los elementos de convicción precisos para que pueda procederse a esa iniciación.

Analicemos estas situaciones:

 

Cuando el agente se presenta con una orden judicial lo hace en representación del Juez o el Ministerio Fiscal (lo que se llama un comisionado) siendo autorizados para el acceso por el artículo 11.2.d de la LOPD

 

 

 

 

 

Cuando se presenta el agente sin orden judicial sólo estarán autorizado

para acceder a datos de salud de acuerdo con el art. 22.3 de la LOPD para aquellas
investigaciones que puedan desarrollar dentro de sus competencias.

Dicha cesión es posible siempre que la petición sea concreta y específica, y se encuentre debidamente motivada.

Por supuesto, como para cualquier cesión de datos, debe quedar constancia documentada de dicha cesión, por lo tanto será necesario identificar al agente y llevar registro de los datos que se han entregado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesión de datos de Salud. Jueces y Tribunales

Comenzamos hoy una serie de post relativos a la Cesión de Datos de Salud. Analizaremos brevemente diferentes situaciones que se presentan con cierta frecuencia en los centros sanitarios y que en ocasiones pueden dar lugar a dudas sobre si se deben o no ceder dichos datos.

El post de hoy analiza la cesion de datos de salud solicitada por jueces y tribunales.

La cesión de datos de salud aparece claramente permitida en el art. 11.2.d de la LOPD

La Agencia Española de Protección de Datos, considera la negativa del profesional/gestor  a facilitar la información, o bien facilitarla parcialmente, como una infracción de lo dispuesto en el art. 118 de la Constitución.

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto

La conducta del facultativo/gestor en tal sentido podría aparejar la comisión de un delito de desobediencia.

Ante cualquier petición de una autoridad judicial, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezca, o bien del Ministerio Fiscal, siempre que se haga en el ámbito de sus funciones jurisdiccionales o de investigación, respectivamente, deberá ser atendida, en los términos en los que se produzca la misma.

No obstante, nada impide que si en la documentación solicitada, por cualquier circunstancia, se encontraran datos personales ajenos al interesado, o bien datos sanitarios que no se refieran o afecten a los hechos objeto de enjuciamiento, los mismos puedan no ser entregados, ante la enventualidad de vulnerar el derecho a la intimidad de terceros o incluso del propio afectado.

Por tanto, si ante una petición de un órgano jurisdiccional, realizada de forma genérica y respecto de la cual se pueda presumir razonablemente que no requiere el acceso a todos los datos médicos existentes sobre un determinado paciente, se puede pedir aclaración al órgano jurisdiccional o al Ministerio Fiscal sobre los términos en que se realiza la petición, manifestándole las razones o argumentos en que se fundamentan las dudas sobre la procedencia de la entrega total de los datos.

Si el órgano jurisdiccional precisa o concreta los términos de la solicitud, se habrá evitado una entrega “masiva” e innecesaria de información especialmente protegida. Si en cambio, se mantiene la petición orginal en los mismos términos, la institucición no habrá incurrido en una vulneración del derecho a la intimidad del paciente al cumplir un requerimiento judicial en la forma exigida por la ley.

Os dejo aquí el modelo utilizado en los centros del SAS para solicitar al organo jurisdiccional la reducción en la entrega de datos